D. El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) dispuso la sustitución de 47 oficiales del Estado Civil en el Distrito Nacional, Santiago y otras poblaciones donde con frecuencia se habían denunciado anomalías en la expedición de actas de nacimiento y la suplantación y clonación de otros documentos.

Es la primera vez, después de que asumieron los actuales magistrados electorales, que se produce una remoción masiva de oficiales civiles. Decena de esos funcionarios renunciaron a sus puestos después de entrar en vigencia el reglamento que asigna sueldos fijos oficiales civiles que van de RD$30,000 a RD$50,000 mensuales.

La renuncia de oficiales civiles del Distrito Nacional, Santiago y otras ciudades importantes del país se produjo por el disgusto que provocó la asignación de sueldos fijos, ya que muchos de esos funcionarios percibían beneficios de hasta 1.5 millones mensuales.

Otras oficialías, como la del municipio de Guerra, se habían convertido en dolores de cabeza por las constantes denuncias de irregularidades, hasta el punto de denunciar que eran “fábricas de actas de nacimiento” que vendían a ciudadanos haitianos y elementos ligados al narcotráfico y buscados por la justicia internacional que cambiaban de identidad.

Entre los nuevos oficiales civiles designados por el pleno de la JCE figuran los de la primera, segunda y cuarta Circunscripción de Santiago, Guerra, Hato Mayor, Higüey, Puerto Plata, Primera Circunscripción de La Vega, la 3ra y 6ta Circunscripción del Distrito Nacional, San Juan de la Maguana, Monte Plata, San Francisco de Macorís, la 1ra de San Pedro de Macorís y la 2da Circunscripción de San Cristóbal.